Embargan bienes de funcionarios del Inpec por corrupción | La FM

Un grupo especial de agentes del Gaula de la Policía Nacional, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, adelantaron operativos simultáneos y embargaron un total de 19 bienes pertenecientes a funcionarios del Instituto Nacional y Penitenciario (Inpec), señalados de hacer parte de un entramado de corrupción en la cárcel de La Modelo de Bogotá.

Esta investigación fue coordinada por una fiscalía especializada adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.

Según las labores judiciales, los bienes que fueron sometidos a medidas cautelares de embargo y secuestro, al parecer fueron adquiridos con recursos obtenidos por posibles actos de corrupción en la cárcel La Modelo de la capital del país.

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De acuerdo con el registro de la Fiscalía especializada a cargo de este caso, estas propiedades fueron valoradas por los peritos técnicos en un valor superior a los 1.300 millones de pesos.

Los bienes ocupados con fines de extinción de dominio son un un lote ubicado en zona rural de Granada (Cundinamarca); dos inmuebles urbanos, 12 vehículos y cuatro establecimientos de comercio en los que funcionaban un restaurante, un spa y dos negocios de venta de llantas y rines en Bogotá.

Según las pruebas recolectadas por los investigadores estos funcionarios, en ejercicio de sus cargos, presuntamente hicieron parte de un entramado de corrupción con con presos y personas externas, como dueños de tiendas localizadas en inmediaciones del centro carcelario, donde se almacenaban elementos prohibidos como estupefacientes, licor, celulares y SIM cards, que posteriormente eran ingresados a cárcel La Modelo.

En desarrollo de las labores de investigación se estableció que a cambio de estas actividades ilícitas, los funcionarios involucrados al parecer, recibieron diferentes sumas de dinero, que presuntamente fueron destinadas para comprar los bienes, entre los años 2020 y 2022.

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La Fiscalía añadió que, ante las pruebas recolectadas, está acreditado el posible origen ilícito de los millonarios bienes que fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.